Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Donald Trump a avanzar con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350,000 venezolanos, una medida que expone a este grupo a riesgo inmediato de deportación.
La decisión judicial permite al Ejecutivo poner fin al TPS otorgado bajo la designación de 2023, a pesar de que aún se espera una apelación. Abogados de los beneficiarios advierten que las expulsiones podrían comenzar en cualquier momento, sin que se establezca un plazo claro en la orden del tribunal.
Según el abogado Ahilan Arulanantham, muchos de los afectados podrían haber perdido su estatus y autorización de empleo con esta decisión. El TPS fue originalmente implementado en 2021 por el Gobierno de Joe Biden y extendido en 2023 para proteger a migrantes venezolanos ante la crisis humanitaria en su país.
Aunque un tribunal federal de California bloqueó temporalmente la orden en marzo, el Gobierno de Trump elevó el caso a la Corte Suprema, que no impuso restricciones a su ejecución. De momento, los beneficiarios del TPS 2021 mantienen sus protecciones hasta septiembre, pero la incertidumbre prevalece para quienes aplicaron bajo la designación más reciente.
Organizaciones como la Alianza Nacional TPS y el American Venezuelan Caucus siguen analizando la orden para entender si existe margen legal para proteger a parte del grupo afectado. Sin embargo, defensores de los derechos migrantes alertan que, sin una acción urgente, miles de venezolanos podrían ser deportados antes de que el caso sea resuelto en su totalidad.
